Con la finalización del período de 60 días dispuesto por la Justicia para definir la continuidad del personal, la histórica cooperativa láctea redujo drásticamente su planta laboral. De los 914 trabajadores que permanecían vinculados a la empresa al momento de la quiebra, solamente 178 continuarán formando parte del proceso concursal, mientras que 736 fueron formalmente desvinculados.
Los empleados afectados comenzaron a recibir las comunicaciones oficiales para iniciar los trámites de acceso a las prestaciones por desempleo.
Del total de trabajadores que continuarán prestando funciones, 101 corresponden a la planta de Sunchales, 19 a Gálvez, 12 a Devoto, 10 a Balnearia, 6 a La Carlota y otros 6 a San Guillermo, además de personal asignado a distintas áreas operativas.
En Balnearia, únicamente diez operarios conservarán su vínculo laboral permanente, aunque algunos empleados son convocados ocasionalmente según la disponibilidad de leche para procesar.
Denuncia contra el magistrado
En paralelo al avance de la quiebra, trabajadores y acreedores presentaron una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe contra el juez Marcelo Gelcich, a cargo del expediente, solicitando su suspensión preventiva, el congelamiento de los plazos judiciales y la apertura de un eventual jury de enjuiciamiento.
La presentación, realizada por los abogados Aldo Luis Regali y Juan Manuel Bergallo, sostiene que existieron diversas irregularidades durante el proceso concursal y se suma a cuestionamientos que anteriormente habían formulado la sindicatura y una empresa interesada en adquirir activos de la cooperativa.
Entre las principales observaciones, los denunciantes afirman que el patrimonio de SanCor habría sido valuado por debajo de su valor real sin la intervención de peritos oficiales. También cuestionan que no se habrían considerado activos relevantes, como los ingresos derivados del uso de la marca “SanCor” por parte de SanCor Seguros.
Además, sostienen que el síndico permaneció excluido del expediente digital durante dos semanas, período en el que se habrían adoptado decisiones económicas sin los controles correspondientes. También reclaman que no fueron incorporadas a la valuación distintas empresas vinculadas a la cooperativa ni aclarada la situación patrimonial de las filiales en Brasil y México.
La denuncia también cuestiona la reducción del 20% aplicada al valor de venta de la empresa tras el incendio ocurrido en la planta de Sunchales, al considerar que esa decisión se tomó sin respaldo técnico.
Por otra parte, los denunciantes sostienen que la declaración de quiebra se produjo antes de que se pronunciara la Asamblea Extraordinaria de la cooperativa y objetan el rechazo de un plan de rescate que, según indican, contaba con respaldo político e institucional y fue desestimado por haber sido presentado con apenas 15 minutos de demora.
Hasta el momento, el juez Marcelo Gelcich no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones. Ahora será la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe la encargada de analizar la presentación y resolver si corresponde avanzar con alguna medida respecto del magistrado.
